Indura y Linde toman estrategias legales opuestas para enfrentar el caso

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció una colusión entre Ias filiales locales de las multinacionales Indura y Linde, las dos compañías que dominan el mercado chileno de gases industriales y medicinales. El requerimiento de la entidad liderada por Jorge Grunberg ingresó la semana pasada, pero este lunes el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dio curso al proceso.

Linde se acogió a delación compensada en medio de la investigación, por lo que la FNE pidió multas solo para Indura -controlada por la estadounidense Air Products- y su exgerente general, Marcelo Torres, por unos US$ 31 millones.

Ese hecho -además de liberar de responsabilidad penal a la firma que colaboró con la investigación-, también reveló que las estrategias que tomarán las dos empresas para enfrentar el proceso serán muy distintas.

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Por el lado de la delatora, Linde, no niegan las acusaciones de la Fiscalía, en cuanto a la existencia de un acuerdo entre los gerentes generales de ambas compañías para no disputarse sus clientes. “El actuar de los ejecutivos no representa los valores ni la forma de hacer negocios de Linde”, declaró el mismo lunes, minutos después de hacerse pública la colusión. “No hay doble lectura”, agrega una fuente cercana a la firma.

Ahora, la empresa, para mantener sus exenciones que le otorga la delación, debe seguir colaborando durante todo el proceso, en el cual trabaja con Ignacio Larraín, socio de Vial Larraín Femenías. Sus dos exejecutivos denunciados -que fueron desvinculados meses después del allanamiento que realizó la Fiscalía en 2021- también ficharon abogados: el exCEO Sergio Novelli contrató a Salvador Vial, socio de Giroux Vial; y el exgerente de Ventas David Lori a José Joaquín Ugarte, socio de Ugarte & Correa.

Desde la matriz irlandesa de la firma se habría instruido, en 2021, un fortalecimiento de la política de cumplimiento. Si el TDLC emitiera una sentencia ratificando la colusión, esta empresa podría enfrentar demandas por indemnización de perjuicios de parte de los afectados, pero para eso aún queda mucho, dicen los conocedores del caso.

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Indura niega colusión

Indura tomó el camino opuesto. En una declaración pública, la firma “negó categóricamente” las alegaciones de la FNE. Aludiendo a la acusación de que la colusión afectó a hospitales públicos en el peak de la pandemia, dijo que “ha priorizado salvar vidas y trabajó arduamente para garantizar el esencial suministro de oxígeno medicinal al estresado sistema de salud de Chile durante la pandemia de Covid-19 y con posterioridad”.

Ese será el argumento central que defenderá la empresa, asesorada legalmente por Claudio Lizana, fundador del Estudio Lizana y exsocio de Carey Abogados. Dos fuentes al tanto del caso explican que Indura no pretende negar los contactos con la competidora, pero que postulará que estos no fueron de índole colusoria y que tuvieron como objetivo asegurar el suministro de los distintos gases durante el periodo de perturbaciones logísticas de la pandemia.

Su exCEO Torres será defendido en el juicio por Javier Velozo, socio de Contreras Velozo (Covel).

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Indura aseguró que llevó a cabo su “propia y exhaustiva investigación” interna y que especialistas externos realizaron procesos independientes, incluida una auditoría forense, “ninguna de los cuales evidenció que se hubiera producido colusión alguna”.